Partidos políticos: cómo se crean, se registran y qué obligaciones tienen
El artículo 6 de la Constitución, el acta fundacional, el Registro del Ministerio del Interior y las obligaciones que asume un partido desde que adquiere personalidad jurídica.
Redacción Dato Electoral
Equipo editorial

Un partido político es un ente privado de base asociativa que expresa el pluralismo político, concurre a la formación y manifestación de la voluntad popular y es instrumento fundamental para la participación política. La definición está en el artículo 6 de la Constitución: «Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos». La exposición de motivos de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos los describe como «entes privados de base asociativa» que forman parte esencial de la arquitectura constitucional, y sitúa esa ley como desarrollo de los artículos 1, 6, 22 y 23 de la Constitución.
Como asociación, el partido queda bajo el artículo 22: «Se reconoce el derecho de asociación» (22.1); son ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito (22.2); las asociaciones constituidas al amparo de ese artículo «deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad» (22.3); «sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada» (22.4); y se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar (22.5). En los partidos la inscripción tiene además un efecto constitutivo: adquieren personalidad jurídica por la inscripción en el Registro de Partidos Políticos (artículo 3.4 de la LO 6/2002). El artículo 23 reconoce a los ciudadanos el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal (23.1), y a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes (23.2).
Pueden crear partidos los ciudadanos de la Unión Europea (artículo 1.1, en la redacción de la Ley Orgánica 3/2015). La afiliación es libre y voluntaria, y nadie puede ser obligado a constituir un partido, a integrarse en él o a permanecer en el mismo (artículo 1.2). Los promotores deben ser personas físicas, mayores de edad, en pleno ejercicio de sus derechos, no sujetas a ninguna condición legal para ejercerlos y no condenadas penalmente por asociación ilícita ni por alguno de los delitos graves de los títulos XXI a XXIV del Código Penal; esa incapacidad no afecta a quienes hayan sido judicialmente rehabilitados (artículo 2.1). Los partidos ya constituidos pueden crear y reconocer organizaciones juveniles en sus estatutos (artículo 2.2) y constituir federaciones, confederaciones y uniones de partidos con el acuerdo expreso de sus órganos competentes (artículo 1.3).
El acuerdo de constitución se formaliza en un acta fundacional que debe constar en documento público y contener la identificación personal de los promotores, la denominación del partido, los integrantes de los órganos directivos provisionales, el domicilio y los estatutos (artículo 3.1). La denominación no puede inducir a error ni ser contraria a las leyes o a los derechos fundamentales, y no puede coincidir ni asemejarse, aun fonéticamente, con la de otro partido previamente inscrito, con la de un partido integrante, por fusión, de un partido inscrito, con la de uno declarado ilegal, disuelto o suspendido por decisión judicial, ni con la identificación de personas físicas o la denominación de entidades preexistentes o marcas registradas (artículo 3.1, párrafo segundo).
Los estatutos tienen un contenido mínimo de veinte apartados (artículo 3.2, letras a a t). Entre ellos: denominación y siglas, símbolo, domicilio, sitio web, ámbito de actuación —estatal, autonómico, provincial o local—, fines, admisión y baja de afiliados, derechos y deberes, órganos de gobierno con renovación como máximo cada cuatro años, elección de los órganos directivos por sufragio libre y secreto, responsable económico-financiero, libros de contabilidad, fichero de afiliados y libro de actas, remisión anual de las cuentas al Tribunal de Cuentas y causas de disolución con el destino del patrimonio.
El Registro de Partidos Políticos existe en el Ministerio del Interior «a estos efectos» (artículo 3.4) y depende de la Dirección General de Política Interior; es un registro público y cualquier persona interesada puede solicitar certificación en extracto de cuanto consta en él. La inscripción se practica previa presentación del acta fundacional suscrita por los promotores, acompañada de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de la ley orgánica (artículo 3.4). El Ministerio da acceso público al listado de formaciones políticas inscritas.
Los plazos son tres. El Ministerio practica la inscripción dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la documentación completa (artículo 4.2). Si aprecia defectos formales o falta de capacidad en los promotores, lo comunica para subsanarlos y el plazo queda suspendido desde la notificación hasta la corrección (artículo 5.1). Y si de la documentación se deducen indicios racionales de ilicitud penal, lo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal dentro de esos veinte días mediante resolución fundada, con los elementos probatorios disponibles (artículo 5.2); el Fiscal dispone de veinte días para ejercer las acciones penales o devolver la comunicación para completar la inscripción (artículo 5.3), y esa remisión suspende el plazo (artículo 5.4).
La inscripción confiere personalidad jurídica, hace pública la constitución y los estatutos, vincula a los poderes públicos y es garantía tanto para los terceros que se relacionan con el partido como para sus propios miembros (artículos 3.4 y 4.3). Si no hay resolución en veinte días y no se ha suspendido el plazo, «se entenderá producida la inscripción» (artículo 4.3). Produce efectos indefinidamente mientras no se anote en el Registro su suspensión o disolución (artículo 4.4). Las actuaciones administrativas de inscripción se pueden recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa (artículo 5.5).
Una vez inscrito, el partido se ajusta en su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a la Constitución y las leyes, con libertad organizativa y los únicos límites del ordenamiento jurídico (artículo 6). Debe tener una asamblea general del conjunto de sus miembros, que pueden actuar directamente o por medio de compromisarios, y a ella corresponde como órgano superior de gobierno la adopción de los acuerdos más importantes, incluida la disolución (artículo 7.2). Los órganos directivos se determinan en los estatutos y se proveen mediante sufragio libre y secreto (artículo 7.3), con renovación como máximo cada cuatro años (artículo 3.2.i) y procedimientos de control democrático de los dirigentes elegidos (artículo 7.5). Los estatutos o sus reglamentos fijan el plazo de convocatoria, el número de miembros para incluir asuntos en el orden del día, las reglas de deliberación y la mayoría requerida, que por regla general es la simple (artículo 7.4). El partido debe tener además un plan de igualdad interno con medidas para prevenir y detectar la violencia machista y un protocolo de actuación ante ella (artículo 7.6).
Los afiliados deben ser personas físicas, mayores de edad y no tener limitada ni restringida su capacidad de obrar (artículo 8.1). Los estatutos pueden establecer modalidades de afiliación, y los afiliados de una misma modalidad tienen iguales derechos y deberes (artículo 8.2); la afiliación consta en el correspondiente fichero, con la remisión que el precepto hace a la normativa de protección de datos (artículo 8.3). Los estatutos detallan los derechos de los afiliados y, en todo caso para los de mayor vinculación, los del artículo 8.4: participar, votar, ser elector y elegible, ser informado de la composición de los órganos y de la situación económica, impugnar acuerdos y acudir al órgano de defensa del afiliado. Las obligaciones están en el artículo 8.5, entre ellas abonar las cuotas.
El partido lleva libros de contabilidad y libro de actas (artículo 3.2, letras l y m), remite anualmente sus cuentas al Tribunal de Cuentas (artículo 3.2.o y artículo 13.3) y comunica al Registro cualquier modificación de sus estatutos y de la composición de sus órganos de gobierno en el plazo máximo de tres meses y, en todo caso, durante el primer trimestre de cada año, publicándolas además en su página web (artículo 3.3). Debe adoptar en sus normas internas un sistema de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de supervisión, a los efectos del artículo 31 bis del Código Penal (artículo 9 bis).
La financiación se rige por la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, a la que remite el artículo 13.1 de la LO 6/2002, y todos los partidos inscritos remiten al Tribunal de Cuentas las cuentas anuales consolidadas debidamente formalizadas (artículo 13.3). La diferencia con la campaña es de objeto y de periodo: la financiación ordinaria es anual y sostiene el funcionamiento del partido, mientras que la electoral cubre los gastos de la campaña y se justifica ante el Tribunal de Cuentas tras cada convocatoria. Las dos están desarrolladas en cómo se financian las campañas y qué subvenciones públicas reciben.
Un partido se disuelve por decisión de sus miembros, con las causas y los procedimientos de sus estatutos, o por decisión de la autoridad judicial competente (artículo 10.1). La disolución judicial procede en tres supuestos: incurrir en los supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal (10.2.a); vulnerar de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos (10.2.b); y vulnerar de forma reiterada y grave los principios democráticos o perseguir deteriorar o destruir el régimen de libertades mediante las conductas del artículo 9 (10.2.c). El primer supuesto lo resuelve el juez del orden penal; los otros dos, la Sala especial del Tribunal Supremo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículos 10.4 y 10.5). La suspensión solo procede si lo dispone el Código Penal o como medida cautelar (artículo 10.3). La disolución surte efectos desde su anotación en el Registro (artículo 10.1).
La ilegalización la pueden instar el Gobierno y el Ministerio Fiscal; el Congreso de los Diputados o el Senado pueden instar al Gobierno a solicitarla, y el Gobierno queda obligado a formalizarla previa deliberación del Consejo de Ministros (artículo 11.1). La sentencia de la Sala especial no es objeto de recurso alguno, sin perjuicio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y es ejecutiva desde su notificación; si decreta la disolución, ordena la cancelación de la inscripción registral (artículo 11.7). Los efectos son el cese inmediato de toda la actividad del partido (12.1.a), la presunción de fraude si se crea un partido o se utiliza otro ya inscrito que continúe o suceda al disuelto (12.1.b) y la apertura de una liquidación patrimonial por tres liquidadores designados por la Sala, con destino del patrimonio neto a actividades de interés social o humanitario (12.1.c).
Hay una vía distinta de la disolución: la declaración judicial de extinción, que se solicita a la jurisdicción contencioso-administrativa, a iniciativa del Registro de Partidos Políticos, de oficio o a instancia de los interesados, cuando el partido no ha adaptado sus estatutos a las leyes en plazo, no ha convocado el órgano competente para renovar sus órganos de gobierno transcurrido el doble del plazo del artículo 3.2.i, o no ha presentado sus cuentas anuales durante tres ejercicios consecutivos o cuatro alternos (artículo 12 bis.1). Antes, el Registro lo apercibe para que en seis meses justifique la subsanación (12 bis.2), y la declaración surte efectos desde su anotación en el Registro (12 bis.4).
Un partido no es lo mismo que una federación, una coalición ni una agrupación de electores. La federación, confederación y unión de partidos se constituyen e inscriben por los propios partidos, con el cumplimiento de lo previsto en el capítulo I y el acuerdo expreso de sus órganos competentes (artículo 1.3). La coalición es un pacto de dos o más partidos o federaciones para concurrir juntos a una elección, que se comunica a la Junta Electoral competente en los diez días siguientes a la convocatoria (artículo 44.2 de la LOREG), y la agrupación de electores es una candidatura que no procede de un partido y necesita las firmas del artículo 169.3 de la LOREG. Las dos últimas figuras están explicadas en coaliciones electorales: qué son, cómo se forman y qué plazo tienen, y el paso de los votos a los escaños y de estos a los grupos, en grupos parlamentarios: cómo se constituyen.
Fuentes citadas
- Constitución Española, artículo 6 (partidos políticos) — BOE, texto consolidado
- Constitución Española, artículo 22 (derecho de asociación) — BOE, texto consolidado
- Constitución Española, artículo 23 (derecho a participar en los asuntos públicos) — BOE
- Ley Orgánica 6/2002, artículo 2 (capacidad para constituir un partido) — BOE, texto consolidado
- Ley Orgánica 6/2002, artículo 3 (acta fundacional, estatutos y personalidad jurídica) — BOE
- Ley Orgánica 6/2002, artículo 4 (inscripción en el Registro y plazos) — BOE
- Ley Orgánica 6/2002, artículo 5 (examen de los requisitos e ilicitud penal) — BOE
- Ley Orgánica 6/2002, artículo 7 (organización y funcionamiento democráticos) — BOE
- Ley Orgánica 6/2002, artículo 8 (derechos y deberes de los afiliados) — BOE
- Ley Orgánica 6/2002, artículo 9 bis y artículo 13 (prevención y financiación) — BOE
- Ley Orgánica 6/2002, artículo 10 (disolución o suspensión judicial) — BOE
- Ley Orgánica 6/2002, artículo 11 (procedimiento ante la Sala especial del Tribunal Supremo) — BOE
- Ley Orgánica 6/2002, artículo 12 (efectos de la disolución judicial) — BOE
- Ley Orgánica 6/2002, artículo 12 bis (declaración judicial de extinción) — BOE
- LOREG, artículo 44 (partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores) — BOE
- LOREG, artículo 169 (firmas que necesitan las agrupaciones de electores) — BOE
- Registro de Partidos Políticos: qué es y dónde está — Ministerio del Interior
Este artículo se basa en información pública de las fuentes citadas. Los análisis y opiniones son propios de Dato Electoral.
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